Temor a que el aborto no se despenalice

 

Pese a que llevan meses reclamando que el aborto sea despenalizado, organizaciones feministas y de promoción de los derechos sexuales y reproductivos temen que el Gobierno se limite a una reforma de la actual ley

Más de la mitad de los expertos llamados ante la Subcomisión del aborto han expuesto ya en el Congreso de los Diputados sus propuestas. Hasta el momento no ha habido sorpresas: quienes han intervenido a iniciativa del PSOE han apostado por regular el derecho de las mujeres a decidir y defendido una ley de plazos, mientras que los especialistas propuestos por el PP siguen identificando aborto con asesinato.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) pidió que se respete el manifiesto de la Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Anticoncepción, que reclama un marco legal que garantice el acceso al aborto seguro. Ante el Congreso, esta asociación reclamó una ley que fije 24 semanas de plazo para decidir y que más allá de este periodo sólo se pueda abortar en casos clínicos excepcionales. Justa Montero, de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, fue más allá y defendió la libertad total de decisión, sin plazos ni supuestos, para que se deje de “tratar a las mujeres como menores de edad”. Pero la posición con más respaldos coincide con la trasladada por la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares, que defiende una ley civil, es decir fuera del Código Penal, de 24 semanas, y que a partir de este período sólo sea posible por indicación médica, pero “respetando el derecho a decidir”, ya que hay mujeres que quieren seguir con su embarazo aunque haya, por ejemplo, un diagnóstico de malformación fetal o de grave riesgo para la madre.

Por su parte, las posiciones conservadoras siguen “inventando argumentos” para penar el aborto y sus posturas son de retroceso frente a la legislación actual, señaló Empar Pineda. La cofundadora de la Comisión pro Derecho al Aborto del Movimiento Feminista hacía referencia al “síndrome post aborto” que, según los grupos ‘pro vida’, tienen las mujeres después de interrumpir el embarazo. El presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Hertfelder de Aldecoa, que habló de ese “síndrome”, llegó a afirmar que el aborto es “la principal causa de violencia contra la mujer”.

Sin embargo, y pese a que la Subcomisión lleva ya tiempo trabajando, diferentes organizaciones feministas temen que el Gobierno no esté dispuesto a despenalizar el aborto. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, mantuvo el pasado mes de julio una reunión con una delegación formada por feministas, profesionales de la salud sexual y reproductiva y otros colectivos que reivindican la despenalización del aborto. Según Montero, que asistió a dicha reunión, obtuvieron el compromiso de que se aprobaría una nueva ley, pero no de que estuviera fuera del Código Penal. Sobre este aspecto, Empar Pineda, que también estuvo presente, señaló que “hay una contradicción”, porque si se aprueba una ley de plazos –como ella misma defiende– serían penalizadas todas las interrupciones del embarazo que se produjeran con un periodo de gestación superior al fijado en la norma. Asimismo, aseguró que algunas feministas temen que el Gobierno quiera aprobar una “ley de plazos encubierta”, es decir, que se añada un nuevo supuesto que contemple el aborto libre en unas semanas determinadas y elimine el de violación, pero subrayó que esta posibilidad es “un rumor”. Por su parte, la portavoz de la Plataforma por una Ley del Aborto (PLA), Beatriz Gimeno, también aseguró tener la impresión de que no va a haber despenalización pero matizó que la PLA aceptaría una norma que “garantice la intimidad de las mujeres, que se pueda abortar dentro de la sanidad pública” y que contemple la igualdad territorial. “Pienso que saldrá una ley mejor” y, si es así, “podríamos pedir después la despenalización total”, agregó Gimeno.

Mientras, continúan las imputaciones contra mujeres, que en el marco de una campaña de autoinculpaciones han afirmado haber abortado.

A finales de octubre declaraba ante el juzgado nº 4 de Sagunto, una afiliada de Esquerra Republicana del País Valencià. Según este partido, es la octava comparecencia ante juzgados en esta comunidad.

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