"La tolerancia a la corrupción y a la tortura son señas de identidad de este país"

Entrevista con Lorena Ruiz-Huerta, candidata por la Asociación Libre de Abogados en las elecciones de este martes a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid

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Olga Rodríguez

Lorena Ruiz-Huerta no deja indiferente. Es joven, inteligente y con grandes dotes comunicativas.

“No es habitual que haya mujeres jóvenes en lugares visibles de la política, incluso en la izquierda hay hábitos aún muy machistas, y por eso, aunque estoy cansada y mi mandato presidencial en la asociación se termina en junio, mis amistades me animan a continuar en las batallas”, confiesa.

Su asociación es pequeña y apenas cuenta con respaldo económico –”nos hemos gastado 3.500 euros en la campaña electoral, frente a las grandes sumas de otros candidatos”– pero ha gozado de visibilidad en algunos medios de comunicación debido, entre otras razones, a sus grandes vínculos con el movimiento 15M.

“No es ningún secreto. Tenemos vínculos muy sólidos. Algunos de nuestros asociados son integrantes de la Comisión Legal Sol-15M y también contamos con algunos abogados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), como Rafael Mayoral, que está en lista de nuestra candidatura. Apoyamos plenamente estos movimientos sociales, pero por supuesto mantenemos nuestra independencia como asociación y un absoluto respeto por la independencia de estos colectivos sociales”, cuenta.

Además, ALA ha sido acusación popular en los casos Scilingo, Guantánamo, los vuelos de la CIA o la querella contra Aznar por la guerra de Irak, entre otros.

Nos citamos en el centro de Madrid para compartir una hora de conversación. Empezamos hablando de la nueva ley de tasas judiciales.

Tasas judiciales

"Esta ley es un ataque al derecho de la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, mucha gente de las clases medias y trabajadoras no podrán resolver sus problemas en los tribunales porque no tendrán dinero para pagarlo. Además no se hace distinción por la capacidad de renta, pagará lo mismo una empresa como Inditex que una persona trabajadora", denuncia Ruiz-Huerta.

"Si alguien se quiere divorciar, por ejemplo, le costará unos 300 euros. Si tiene que litigar pasando por tres instancias, se puede elevar a más de 10.000 euros. Por tanto mucha gente se verá obligada a renunciar a los tribunales, y esto afectará además a los pequeños y medianos despachos, que somos la mayoría, porque muchos de nuestros clientes dejarán de litigar". Y añade: 

"Quiero subrayar que ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado este año en una sentencia 190/2012 diciendo que las tasas son un impuesto legítimo pero que en el momento en que por su elevada cuantía impiden el acceso a la justicia de los ciudadanos, son inconstitucionales, contrarios al artículo 24 de la Constitución. El Gobierno solo se ha basado en la primera frase para aprobar esta ley. Eso es una manipulación absoluta de la sentencia y estoy convencida de que la ley de tasas será declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, el problema es cuándo".

Criminalización de las protestas

"Estamos viviendo un ataque sin precedentes contra nuestros derechos fundamentales. La criminalización de las protestas es la consecuencia lógica del gobierno que tenemos", denuncia Lorena. Y expone un reclamo: 

"En este momento, más que nunca, es imprescindible que los jueces saquen a relucir su independencia para condenar estas prácticas policiales y para enfrentarse al poder político, cosa que hasta ahora está lejos de producirse".

"Si alguien sangra, hay que investigarlo"

"Ha habido una actuación valiente por parte del juez Pedraz, pero no por parte de los jueces de Plaza Castilla. No puede seguir sucediendo que, con las imágenes que hemos visto todos en Internet y en televisión de las agresiones policiales, cuando las personas detenidas ensangrentadas pasan a disposición judicial la Fiscalía no haga ni una sola pregunta sobre cuál es la causa de esta agresión", prosigue.

"Cuando una persona está con sangre en la cara, con lesiones o partes de lesiones médicos es un escándalo y una vergüenza que la fiscalía no investigue esos maltratos policiales y torturas. Cuando no investigan, se convierten en cómplices. Quiero lanzar un mensaje de súplica a la judicatura para que hagan gala de ser un poder independiente de otros poderes. Este país cambiará cuando se condenen e investiguen los casos de tortura y por supuesto cuando se ponga fin a los indultos por parte del Gobierno."

Pregunta: Diversas organizaciones internacionales denuncian casos de tortura en España. ¿Hay falta de cultura de derechos humanos en este país? ¿Cómo se puede constribuir a su creación?

Los abogados podemos contribuir denunciando los casos de maltrato y tortura y animando a todas las personas que no están en ninguna asociación a que denuncien también, porque si no, nos convertimos en cómplices. En el momento en que nuestros clientes nos cuentan que han sido víctimas de maltrato y tortura (ya hay algunos que no lo cuentan porque no se fían), hay que denunciarlo, aunque sepamos que hay pocas posibilidades, hay que denunciarlo.

Esto tiene que ser un clamor profesional por nuestra parte, porque es importantísimo crear esa cultura, y además es una tarea de todos: la nuestra, denunciar, la de los medios de comunicación, dar altavoz a esas denuncias, porque hay que ir poco a poco creando conciencia democrática entre la ciudadanía.

Hay dos cosas que para mí son una seña de identidad de la falta de cultura democrática de este país, y son la tolerancia a la tortura y a la corrupción. En la expresión “me han tratado como un delincuente” se hace una distinción de trato policial en dos categorías: a los delincuentes se les trata mal.

Esto es algo que creo que está socialmente muy aceptado y que no puede ser, de la misma manera que está muy aceptada la corrupción. La única manera para enfrentarse a esto es hacer actuaciones valientes de denuncia, aunque sepamos que este es un camino largo.

P: ¿Cómo valora esta situación en la que se registran desahucios todas las semanas?

Los desahucios sin alternativa habitacional son inconstitucionales, porque vulneran el derecho constitucional a la vivienda. En este país, del que una relatora de Naciones Unidas ha cifrado el volumen de vivienda vacía en más de tres millones de casas, el gobierno está haciendo una absoluta dejación de su mandato constitucional de velar por este derecho.

Además España está siendo condenada por organizaciones de derechos humanos, por el Comité de Derechos Económicos y Sociales, estamos violando el derecho internacional. El procedimiento de ejecución deja indefensa a la ciudadanía, porque no se informa a la gente de su derecho a ser asistidos por un abogado de oficio.

Hasta que no entró en funcionamiento la PAH se estaban produciendo cientos de desahucios sin asistencia letrada. Es un escándalo. La PAH no puede acceder a tantos casos como hay y además el propio procedimiento no contempla garantías de defensa: La gente no puede alegar cosas tan evidentes como “me he quedado en el paro, las claúsulas pactadas con el banco eran abusivas”, etc. No está permitido por ley presentar esos motivos como causa de oposición al desahucio.

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P: ¿Recuerda algún caso concreto que le haya marcado?

Sin duda. El caso de David, un chico al que conocí en el turno de oficio, que ha estado muchos años en el mundo de la droga, treinta y tantos años de prisión. Cuando ha salido, después de tantos años y a base de muchos programas, dejó la droga y dejó de cometer delitos pero no tiene dónde vivir porque su familia no le quiere y tiene q vivir en la calle.

Y la policía le persigue, le han pegado muchísimas veces, le han abierto la cabeza, le han roto una vértebra de la espalda, le han pegado unas palizas en las detenciones y en la prisión tremendas. Hemos ido denunciado cada uno de estos casos y por supuesto en todos siempre sale condenado él y siempre absuelta la policia. Pero lo que fue clamoroso y espeluznante es que le imputaron hace un año la comisión de una serie de robos con alunizaje en unas tiendas de juguetes y una serie de farmacias. Se cometieron una serie de irregularidades tremendas durante la instrucción y el juez le metió en prisión provisional. Estuvo 8 meses en prisión provisional y él no había cometido ninguno de los delitos que se le imputaban y finalmente salió absuelto.

Todo, por el estigma de ser una persona que había estado tanto tiempo en prisión y porque todo se sabe, la policía sabe la cantidad de veces que hemos denunciado las palizas que le han dado. Él es simplemente un desgraciado, una persona que vive en la calle. Estas cosas causan un dolor y una impotencia espantosa.

P: ¿Cómo afronta estas situaciones?

Pues afortunadamente me sigo indignando, cada día con la misma fuerza, como el primer día. Me sigue escandalizando la falta de justicia que veo, la falta de respeto absoluta por el procedimiento por parte de la fiscalia, la desigualdad tan atroz, el racismo contra la gente pobre. Esa indignación la transformo en energía para poder continuar, pero a veces es difícil. Tengo la suerte de haber encontrado a compañeros que entienden la profesión como yo, aunque seamos una minoria. Estar juntos y formar parte de una asociación y poder compartir las experiencias es lo que te da al fuerza para continuar.

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P: ¿Puede ponerme algún ejemplo de esos amiguismos?

La Junta de gobierno del Colegio lleva treinta años -porque son siempre las mismas personas- ocupándose exclusivamente de los que afecta a los grandes despachos, vela por los intereses de los grandes despachos.

El Ayuntamiento de Madrid acaba de contratar al despacho de Luis Rodríguez Ramos, que es el número dos de la actual Junta de gobierno para defenderles del caso Arena cuando el Ayuntamiento de Madrid tiene un cuerpo de letrados funcionarios entre los que hay especialistas en derecho penal. A mí esto me parece un escándalo. Este es el tráfico de influencias del que hablamos.

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